Por Gustavo Restivo

En La Calera (como en otras localidades) no solo hay problemas. Existe, además, una disputa política en pleno desarrollo que ya ha adoptado forma de campaña, y —a mi juicio— de manera prematura: estamos a un año y ocho meses de las próximas elecciones. Veinte meses que marcarán el ritmo político de la ciudad, con un calendario que desemboca en octubre de 2027, curiosamente a días de una fecha cargada de simbolismo en la tradición política argentina.

Las dificultades son innegables: servicios tensionados, conflictos heredados, externalidades, reclamos vecinales y decisiones que incomodan. Pero de allí a afirmar que la ciudad atraviesa una crisis terminal hay un salto que excede lo descriptivo. Es un salto político.

Ese salto no es espontáneo. Tiene una arquitectura que lo sostiene: una construcción retórica que, amplificada, termina dibujando un retrato exagerado, casi expresionista, de la realidad. Un paisaje desolador que solo adquiere consistencia en el terreno de la percepción.

En los últimos tiempos comenzó a consolidarse un mecanismo reconocible. Se selecciona un hecho real y se lo presenta desprovisto de contexto. Desaparecen la historia, los procesos y las restricciones. Queda un recorte preciso, funcional a la instalación de una conclusión inmediata. Luego, ese recorte se simplifica al extremo: la complejidad se diluye y en su lugar emerge una narrativa eficaz. Alguien es responsable, alguien no funciona, alguien fracasa.

El siguiente paso es la intensificación. El mensaje deja de informar y pasa a condenar. Las redes sociales, ciertos espacios digitales y circuitos de difusión local operan como caja de resonancia. Lo que podría ser un problema puntual se amplifica hasta adquirir la forma de una crisis generalizada.

Finalmente, llega la personalización. La política, en términos de ideas, proyectos o debates, se retrae. En su lugar aparece un silencio argumental: todo se reduce a nombres propios.

En este punto conviene abandonar las preguntas ingenuas: ¿quién se beneficia de que La Calera sea percibida como una ciudad en crisis permanente?

A veinte meses del próximo turno electoral, resulta difícil no leer en esta dinámica la acción de sectores políticos que buscan reposicionarse o recuperar centralidad mediante la deslegitimación sistemática de la gestión actual.

No se trata de crítica —necesaria en toda democracia— sino de algo más preciso: la construcción de un clima. Y ese clima no es neutro. Genera enojo, acelera juicios, empobrece el debate y, sobre todo, debilita la capacidad del ciudadano para distinguir entre hechos e interpretaciones.

Cuando todo se presenta como crisis, la política se vuelve ruido y la sociedad entra en un estado de irritación permanente que favorece más la manipulación que la comprensión.

Advertirlo implica asumir una responsabilidad: no consumir sin filtro lo que circula. Preguntarse quién habla, desde dónde y con qué intenciones.

Porque en política, como en toda construcción humana, no solo importa lo que pasa. Importa —y mucho— cómo nos lo cuentan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaForMIGufIqPUEZx21A

Opinión Política

marzo 29, 2026

El 24 de marzo amanece como una escena repetida. No en los libros, sino en la calle. Las baldosas todavía húmedas, las primeras banderas desplegándose, los nombres que vuelven a pronunciarse. No es un recuerdo abstracto: es una coreografía social que se activa cada año. En ese gesto, casi ritual, se condensa una pregunta que la Argentina no termina de resolver.

La escena original, sin embargo, ocurrió en otro tono. La madrugada del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no tuvo épica visible. Fue, en términos operativos, un movimiento preciso: tropas desplegadas, cadenas de mando activadas, centros neurálgicos ocupados. Para cuando la mayoría de la población despertó, María Estela Martínez de Perón ya no ejercía el poder. El Estado había cambiado de manos sin mediación electoral, pero no sin antecedentes.

Porque esa madrugada no irrumpe en el vacío. Venía precedida por una secuencia acumulativa: inflación creciente, parálisis decisional, violencia política escalando en múltiples direcciones. Las organizaciones armadas, como Montoneros y el ERP, intensificaban sus acciones. Al mismo tiempo, desde el propio Estado y sus márgenes, la Triple A ejecutaba una represión clandestina. El orden institucional no solo estaba tensionado: estaba erosionado en su capacidad básica de arbitrar el conflicto.

En ese cuadro, el gobierno de la viuda de Perón intentó sostener una lógica de intervención estatal heredada del último Juan Domingo Perón. Hubo avances en materia de regulación económica, fortalecimiento del sistema de medios bajo órbita estatal y la sanción de normas relevantes como la Ley de Contrato de Trabajo. También se promovieron medidas vinculadas a la nacionalización de sectores estratégicos y al control del sistema financiero. Sin embargo, ese conjunto de decisiones convivió con una creciente desarticulación del poder político y una pérdida acelerada de capacidad de gestión. La contradicción fue evidente: mientras se intentaba afirmar un modelo de Estado, el propio Estado se debilitaba en su funcionamiento efectivo.

En 1975, los decretos de “aniquilamiento” formalizaron un cambio cualitativo. El Operativo Independencia en Tucumán marcó el ingreso pleno de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Allí se ensayó una lógica que luego se expandiría: identificación difusa del enemigo, suspensión de garantías, opacidad en los procedimientos. Cuando en 1976 los militares toman el poder, esa matriz no se crea: se sistematiza.

Lo que sigue es conocido en sus efectos, pero no siempre en su mecánica. La llamada “lucha antisubversiva” se transforma en un dispositivo de control total. Centros clandestinos, desapariciones forzadas, circuitos de inteligencia. No se trató solo de eliminar estructuras armadas, sino de intervenir sobre el tejido social. El método fue ilegal incluso bajo las propias normas que el régimen decía defender.

Hasta aquí, los hechos. Pero la escena del presente introduce otra capa. Cada 24 de marzo no solo recuerda aquel quiebre, también expone una dificultad persistente: la incapacidad de la dirigencia argentina —en distintos ciclos históricos— para estabilizar un horizonte común. La dictadura no resolvió la crisis que decía venir a ordenar; la profundizó de manera trágica. Pero, en democracia, el problema tampoco encontró una salida estructural. Desde el ciclo iniciado por Raúl Alfonsín hasta al gobierno de Alberto Fernández, se registraron avances y retrocesos, pero no una reconfiguración sostenida del Estado que alterara el patrón de deterioro económico, fragmentación social y crisis educativa.

En ese punto, la discusión suele desviarse hacia una falsa simetría. La violencia insurgente de organizaciones como el ERP o Montoneros fue real, tuvo impacto y contribuyó a la escalada del conflicto. Pero no operaba desde la misma estructura de poder. No se trata solo de quién ejerce la violencia, sino desde dónde se ejerce. El Estado —aun en crisis— tiene la obligación de sostener el orden jurídico; cuando lo abandona y actúa en la clandestinidad, no compite con otros actores violentos: rompe las reglas que lo constituyen. Ese quiebre no solo produce víctimas directas, sino un daño más profundo y persistente: la degradación de las instituciones, la opacidad del sistema y la erosión de la confianza social.

La escena inicial —la gente en la calle, los nombres, las consignas— sigue siendo verdadera. Pero ya no alcanza por sí sola para explicar el presente. La memoria, si quiere ser algo más que repetición, necesita incorporar una pregunta incómoda: no solo cómo se rompe un sistema político, sino por qué, décadas después, tampoco logra consolidarse plenamente.

Quizás ahí radique la tensión central de esta fecha. No en lo que ocurrió —eso está documentado, probado, juzgado—, sino en lo que todavía no termina de resolverse. Porque recordar no es solo mirar hacia atrás. Es, también, medir la distancia entre lo que se prometió reconstruir y lo que efectivamente se pudo sostener.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaForMIGufIqPUEZx21A

Historia Política

marzo 24, 2026

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaForMIGufIqPUEZx21A

Deportes

marzo 22, 2026

Por Gustavo Restivo

En las últimas décadas, los sistemas políticos de muchas democracias han experimentado transformaciones profundas que desafían los esquemas clásicos de representación. Los partidos tradicionales —aquellas organizaciones que durante gran parte del siglo XX estructuraron la competencia electoral, organizaron identidades políticas estables y canalizaron demandas sociales— muestran hoy signos evidentes de debilitamiento. La caída en la afiliación partidaria, la volatilidad electoral y la creciente desconfianza ciudadana hacia las estructuras políticas formales son algunos de los indicadores más visibles de este proceso.

En este contexto, comienza a surgir una pregunta central para el análisis político contemporáneo: si los partidos pierden capacidad de intermediación, ¿quién ocupa ese lugar en la relación entre sociedad y poder? Cada vez con mayor frecuencia, la política parece organizarse alrededor de liderazgos individuales fuertes, figuras mediáticas o candidatos que construyen su legitimidad más en la conexión directa con el electorado que en la pertenencia a estructuras partidarias sólidas. Este fenómeno abre el debate sobre si estamos transitando hacia una etapa de política personalista, en la que el peso del liderazgo individual supera al de los programas y organizaciones colectivas.

Comprender este cambio requiere analizar no solo la crisis de los partidos, sino también las transformaciones más amplias del ecosistema político: el impacto de las redes sociales en la comunicación pública, la fragmentación de las identidades ideológicas tradicionales, la aceleración de los ciclos informativos y la creciente desconfianza hacia las instituciones. En suma, la pregunta de fondo no es únicamente si los partidos están debilitándose, sino qué tipo de política está emergiendo en su lugar y cuáles pueden ser sus consecuencias para la calidad de la democracia.

Durante buena parte del siglo XX la política argentina se organizó alrededor de estructuras partidarias relativamente estables. El peronismo y el radicalismo, con sus distintas corrientes internas, funcionaron durante décadas como grandes sistemas de identidad política. Los votantes no elegían solamente candidatos: elegían pertenencias. Los partidos eran, en ese sentido, instituciones que organizaban el debate público, formaban dirigentes y canalizaban las demandas sociales.

Ese esquema comenzó a resquebrajarse lentamente hacia fines del siglo pasado y terminó de entrar en crisis con el colapso institucional de 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. La consigna que dominó las calles en aquellos días —“que se vayan todos”— no estaba dirigida a un partido en particular, sino a todo el sistema de representación política. Allí comenzó a hacerse visible un proceso que todavía continúa: el debilitamiento de los partidos como estructuras orgánicas y la creciente centralidad de los liderazgos individuales.

En ese contexto, algunos episodios se transformaron en verdaderos símbolos del cambio. Uno de los más recordados fue el caso de Eduardo Lorenzo Borocotó. Elegido diputado nacional en 2005 por una lista opositora vinculada al espacio de Mauricio Macri, Borocotó anunció antes de asumir que se integraría al bloque oficialista alineado con el entonces presidente Néstor Kirchner. El impacto mediático fue inmediato. Desde entonces, la palabra “borocotización” quedó instalada en el vocabulario político argentino para describir el traspaso oportunista de dirigentes entre espacios.

Más allá del caso puntual, lo relevante fue lo que ese episodio dejó al descubierto: la creciente fragilidad de las identidades partidarias. Si un dirigente podía cambiar de espacio político con tanta facilidad, la pregunta inevitable era si el voto pertenecía al partido o al candidato. Y detrás de esa pregunta aparecía otra más profunda: ¿seguían siendo los partidos los verdaderos organizadores de la política?

En los años posteriores, la tendencia se hizo cada vez más visible. Las campañas comenzaron a girar más alrededor de las figuras que de los programas, los partidos se transformaron con frecuencia en coaliciones electorales temporarias y el liderazgo personal pasó a ocupar el centro de la escena. Las nuevas tecnologías de comunicación, especialmente las redes sociales, aceleraron este proceso al permitir que los dirigentes establezcan una relación directa con el electorado, muchas veces sin mediaciones institucionales.

La política contemporánea parece moverse cada vez más en ese terreno. Los partidos siguen existiendo, pero muchas veces funcionan más como plataformas electorales que como comunidades políticas duraderas. En lugar de estructuras que moldean liderazgos, son los liderazgos los que terminan moldeando a los partidos.

El fenómeno no es exclusivo de Argentina. En numerosas democracias del mundo se observa una tendencia similar: fragmentación del sistema político, debilitamiento de las organizaciones tradicionales y emergencia de figuras con fuerte impronta personal. Sin embargo, en nuestro país el proceso adquiere características particulares porque se combina con una larga tradición de liderazgos fuertes y con una sociedad que, después de repetidas crisis, mantiene una relación ambivalente con sus instituciones.

Tal vez el episodio de Borocotó no haya sido el comienzo de este proceso, pero sí fue uno de sus momentos más reveladores. Como suele ocurrir en política, un hecho puntual terminó iluminando una transformación más profunda: la lenta transición desde una política de partidos hacia una política cada vez más centrada en los individuos.

Y en ese cambio —todavía en desarrollo— se juega buena parte del futuro de nuestra democracia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaForMIGufIqPUEZx21A

Política

marzo 08, 2026

  por Gustavo Restivo

El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán desde 1989, murió ayer 28 de febrero de 2026 en un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Teherán, confirmaron este domingo fuentes estatales iraníes tras una jornada de caos y combates en todo el país. Jamenei, de 86 años, encabezó durante casi cuatro décadas un sistema teocrático basado en la autoridad religiosa y el control absoluto de las instituciones políticas, militares y judiciales de Irán. Su liderazgo se caracterizó por una postura intransigente frente a Occidente, el fomento de redes de influencia en Oriente Medio y la persistente confrontación con Washington y Jerusalén.

El ataque, bautizado por el Pentágono como Operation Epic Fury y ejecutado con la coordinación de aviones, misiles y drones estadounidenses e israelíes, tenía como objetivos críticos instalaciones militares, nodos de mando y, según fuentes de inteligencia de EE.UU., la ubicación de Jamenei y otros líderes del régimen. Israel declaró que la muerte del ayatolá fue resultado de “una operación precisa” basada en datos aportados por la CIA. La confirmación final del fallecimiento llegó tras la difusión por parte de medios estatales iraníes de la noticia y el inicio de un luto nacional de 40 días.

Desde la perspectiva de Washington y Tel Aviv, la ofensiva responde a una amenaza acumulada. En los últimos años, Teherán aceleró su programa nuclear tras el colapso de las negociaciones diplomáticas, expandió su respaldo a actores como Hezbolá, Hamas y los hutíes, y profundizó vínculos estratégicos en Siria e Irak. La combinación de estos factores alimentó la percepción en EE.UU. e Israel de que la República Islámica perseguía capacidades que desestabilizarían aún más una región ya fracturada, justificando lo que calificaron como un ataque preventivo de gran escala.

No obstante, el costo inmediato ha sido devastador. Las fuerzas iraníes han respondido con misiles y drones contra bases estadounidenses en el Golfo y objetivos israelíes, ampliando el conflicto a múltiples frentes. El impacto en la población civil es grave: cientos de muertos y miles de heridos se registran en varias provincias y ciudades, incluido un ataque contra una escuela en Minab que causó decenas de víctimas entre ellos niños.

A nivel geopolítico, la situación muestra dos vectores: por un lado, la eliminación de Jamenei representa un golpe sin precedentes al centro de poder iraní, cuya figura era el eje de la política exterior y de seguridad de la República Islámica. Por otro, el vacío de liderazgo y la ausencia de un sucesor claramente establecido abren la puerta a una fase de inestabilidad interna, donde los cuerpos de poder militar —especialmente la Guardia Revolucionaria— podrían disputar el control, incrementando el riesgo de una prolongada guerra regional.

La muerte de Jamenei y la escalada armada redefinen el mapa de tensiones en Oriente Medio con consecuencias globales: actores como Rusia y China han condenado el ataque, mientras potencias europeas instan a la desescalada. En tanto, la incertidumbre sobre el futuro político de Irán y la posible redefinición de su posición estratégica constituyen el desafío más inmediato para la diplomacia y la seguridad internacional.

Irán tras la muerte de Jamenei: transición institucional bajo fuego cruzado

La muerte de Ali Jamenei, confirmada tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, no sólo cerró un ciclo de 37 años de liderazgo absoluto; abrió una etapa de transición en medio de una confrontación militar abierta. A los 86 años, el líder supremo —eje del sistema político-religioso iraní desde 1989— fue alcanzado en una ofensiva que Washington y Tel Aviv presentaron como un golpe estratégico contra la arquitectura de poder del régimen.

Masud Pezeshkian

En las horas posteriores, la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema anunció la conformación de un consejo interino tripartito para garantizar la continuidad del Estado hasta que la Asamblea de Expertos designe a un nuevo líder supremo. El cuerpo quedó integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei y el ayatolá Alireza Arafi, jurista del Consejo de los Guardianes y referente del clero político.

La fórmula busca enviar una señal de estabilidad en un momento crítico. Pezeshkian aporta legitimidad ejecutiva; Mohseni Eyei, control institucional y judicial; Arafi, anclaje doctrinal y vínculo con el órgano que supervisa la constitucionalidad y los procesos electorales. Sin embargo, el equilibrio real dependerá del posicionamiento del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), actor con capacidad operativa y ascendencia estratégica sobre la política de seguridad y el programa misilístico.

Golamhosein Mohseni Eyei

El trasfondo del ataque remite a una escalada sostenida: aceleración del programa nuclear iraní tras el colapso de negociaciones, expansión del apoyo a actores armados en la región y sucesivas advertencias israelíes sobre la “línea roja” estratégica. La respuesta iraní —misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en el Golfo— confirma que el conflicto se mueve en una lógica de disuasión ampliada.

En el plano interno, la transición se produce con una economía presionada por sanciones, inflación estructural y malestar social acumulado. La elección del sucesor será determinante: un perfil alineado con la línea dura consolidaría la doctrina de resistencia; una figura más pragmática podría explorar canales de desescalada sin alterar los pilares del sistema.

ayatolá Alireza Arafi

La clave inmediata no es sólo quién suceda a Jamenei, sino cómo interactúen el consejo interino, la Asamblea de Expertos y la Guardia Revolucionaria. En esa articulación se juega no sólo la estabilidad de Irán, sino el alcance de una crisis que ya trascendió sus fronteras y reconfigura el equilibrio de poder en Medio Oriente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaForMIGufIqPUEZx21A

Conflictos Opinión

marzo 01, 2026

Por Gustavo Restivo

La reciente conmemoración del fallecimiento de Julio Cortázar ha reavivado una de las discusiones más fascinantes de la crítica literaria argentina: la porosidad de sus relatos fantásticos ante la realidad social. El análisis del Dr. Carlos Cámpora resulta fundamental para desentrañar esta relación, proponiendo que la política en Cortázar no siempre es un manifiesto explícito, sino una estructura que se filtra a través de la irrupción de lo insólito.

A poco de conmemorarse otro aniversario del fallecimiento de Julio Cortázar, ocurrido el 12 de febrero de 1984, la revisión de su legado nos invita a mirar más allá de la superficie de sus relatos. Si bien su literatura es celebrada por la maestría en el género fantástico, existe una dimensión menos evidente pero profundamente arraigada en su contexto: la política.

Como bien ha analizado el Dr. Carlos Cámpora, la relación de Cortázar con la política argentina, especialmente su rechazo inicial al peronismo (que luego tildaría de "error de juventud"), se filtró en sus cuentos de una manera estructural. A diferencia del realismo, donde el conflicto social es explícito, en la obra cortazariana la política se manifiesta a través de la irrupción de lo insólito, rompiendo la calma de una realidad que se creía segura.

La metáfora de la invasión

El ejemplo paradigmático de esta tensión es, sin duda, "Casa tomada". Aunque Cortázar sostuvo que el relato nació de una pesadilla y no de una intención política consciente, admitió que esa interpretación es válida. La lectura de críticos como Juan José Sebreli y Germán Rozenmacher se ha vuelto ineludible: la ocupación de la casa por entes desconocidos puede leerse como la angustia de la clase media ante la irrupción de las masas populares o "cabecitas negras" en la escena nacional.

Esta "invasión" no se limita a un solo cuento. En "La banda", el personaje de Lucio Medina vive un episodio de extrañamiento en el cine Ópera al encontrarse rodeado de un público que considera "fuera de lugar", vinculado explícitamente a la compañía Alpargatas. Aquí, la política no es un discurso, sino una sensación de pérdida de territorio y de una realidad que se vuelve ajena.

Del rechazo a la autocrítica

Resulta fascinante observar, como señala Cámpora, la evolución del autor. En "Las puertas del cielo", Cortázar describe de manera despectiva a los sectores populares como "monstruos", una visión que el propio escritor sometería a una severa autocrítica en 1970, calificando el cuento de "reaccionario".

Esta capacidad de transformación intelectual es lo que hace que su obra siga viva. Cortázar no solo narró lo fantástico; lo utilizó como un dispositivo para procesar las tensiones de una Argentina en transformación.

Conclusión

Hoy, leer a Cortázar en clave política no es un ejercicio caprichoso, sino una forma de reconocer que la literatura nunca es neutral. Lo fantástico, en sus manos, fue la herramienta para interrogar un orden social que crujía. Como los hermanos de "Casa tomada", a veces preferimos tirar la llave a la alcantarilla antes que enfrentar lo que habita en el pasillo; pero la literatura, afortunadamente, siempre nos obliga a volver a mirar.

• Dr Carlos Cámpora: Lic en Letras (UBA), Dr en Ciencias Sociales (UBA)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaForMIGufIqPUEZx21A

Literatura Política

febrero 23, 2026

 Por Gustavo Restivo

El hemisferio vuelve… pero como campo de disputa

América Latina ha sido presentada durante años como una periferia irrelevante para la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, el reciente replanteo estratégico norteamericano sugiere un retorno de la región al centro de la agenda geopolítica. No como socio estratégico ni como aliado comercial prioritario, sino como territorio a controlar, ordenar y disciplinar dentro de una lógica hemisférica renovada.

La lectura que emerge del análisis publicado por Le Monde Diplomatique es clara: la nueva narrativa de seguridad estadounidense redefine el vínculo con América Latina desde parámetros de seguridad dura y competencia estratégica. La región deja de ser un espacio marginal para convertirse nuevamente en un perímetro geopolítico relevante en un contexto global signado por la rivalidad entre potencias, la fragmentación del orden internacional y la creciente disputa por recursos y alineamientos.

Una doctrina que reinterpreta la historia

El giro no es meramente táctico. Remite a una tradición histórica de pensamiento estratégico que concibe al hemisferio occidental como zona de influencia natural de Washington. Lo novedoso no es la pretensión de control —que tiene raíces profundas— sino la forma en que se rearticula hoy: bajo el paraguas de la seguridad nacional, la lucha contra amenazas híbridas y la competencia con actores extrahemisféricos.

Desde esta perspectiva, América Latina vuelve a ser vista como un espacio vulnerable a la penetración de rivales estratégicos y a la proliferación de regímenes incómodos para los intereses estadounidenses. El problema no es únicamente ideológico; es logístico, tecnológico y militar. El hemisferio reaparece entonces como tablero de prevención más que como plataforma de cooperación.

El riesgo de la subordinación estratégica

Este enfoque tiene consecuencias directas para los países latinoamericanos. La región enfrenta el riesgo de quedar atrapada en una dinámica binaria, obligada a elegir alineamientos en un contexto internacional cada vez más polarizado. La lógica del “perímetro a disciplinar” implica una relación asimétrica donde el margen de autonomía regional se reduce y las agendas locales quedan subordinadas a prioridades externas.

Además, la narrativa securitaria tiende a invisibilizar los desafíos estructurales internos —desigualdad, crisis institucionales, fragilidad económica— que requieren respuestas multilaterales y cooperación horizontal. La securitización de la política exterior puede terminar reforzando gobiernos débiles, tensiones internas y dependencias estructurales, sin resolver los problemas de fondo.

Un hemisferio que debe repensarse

La verdadera cuestión no es solo cómo Estados Unidos redefine su política hacia América Latina, sino cómo la región responde a ese reposicionamiento. Persistir en una diplomacia reactiva —apelando a foros o discursos que asumen una relación simétrica inexistente— puede profundizar la irrelevancia política regional.

El desafío estratégico consiste en construir agendas propias, fortalecer mecanismos de coordinación regional y diversificar vínculos internacionales sin caer en lógicas de alineamiento automático. El retorno del hemisferio como problema no debería ser únicamente una preocupación para Washington; debería ser una señal de alarma para América Latina sobre su falta de cohesión estratégica.

Conclusión

El nuevo momento geopolítico muestra que América Latina ya no es irrelevante: vuelve a ser central, pero bajo una lógica de seguridad y control. La pregunta crucial es si la región aceptará ese encuadre o si logrará redefinir su papel desde una posición más autónoma y cooperativa. En un mundo que vuelve a organizarse en torno a esferas de influencia, la pasividad estratégica puede resultar tan peligrosa como la subordinación abierta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaForMIGufIqPUEZx21A

Geopolítica

febrero 08, 2026

Por Gustavo Restivo

La política cordobesa atraviesa una fase de transición silenciosa pero profunda. Los datos recientes de imagen política muestran un escenario que no es de crisis, pero tampoco de hegemonía clara. En ese punto intermedio se define el rumbo hacia 2027: una provincia con gestión estable, electorado pragmático y una creciente influencia del clima político nacional sobre las decisiones locales.

El ranking federal de gobernadores ubica a Martín Llaryora con una imagen positiva cercana al 54% y en el octavo lugar nacional. Esto refleja una administración que mantiene niveles aceptables de aprobación y una percepción de orden institucional, pero sin alcanzar el liderazgo dominante que tuvieron otras etapas del cordobesismo.
La posición es sólida, pero también expone una realidad política: Córdoba dejó de ser el polo indiscutido del centro del país en términos de liderazgo simbólico, aun cuando sigue siendo uno de los motores económicos y electorales del interior.

El oficialismo provincial ha logrado algo que en la Argentina actual no es menor: estabilidad sin sobresaltos estructurales. La continuidad del modelo de gestión, el pragmatismo frente al gobierno nacional y la ausencia de conflictos internos graves sostienen una base política competitiva. Sin embargo, esa misma estabilidad tiene una contracara: la falta de una narrativa movilizadora que genere adhesión emocional fuerte. En tiempos de polarización nacional, la gestión eficiente ya no alcanza por sí sola para consolidar hegemonía electoral.

El contraste aparece con claridad cuando se observa la imagen de Javier Milei en la provincia. Córdoba figura entre los distritos donde el presidente alcanza niveles más altos de aprobación, con cerca del 57% de imagen positiva.
Esto revela una tensión estructural en el comportamiento del votante cordobés: puede respaldar una administración provincial moderada y al mismo tiempo apoyar discursos nacionales disruptivos. No se trata de una contradicción, sino de una lógica política dual que caracteriza al electorado local desde hace más de una década.

La baja imagen de figuras nacionales asociadas al kirchnerismo en la provincia confirma otro rasgo estructural: el espacio peronista tradicional tiene un techo electoral consolidado.
Esto no implica ausencia de voto peronista, sino su reformulación bajo identidades provinciales pragmáticas y alejadas de la lógica nacional clásica.

De cara a 2027, la provincia parece encaminarse hacia una competencia marcada por tres fuerzas potenciales. La primera es la continuidad cordobesista, que mantiene ventaja estructural gracias a su aparato territorial, su experiencia de gestión y su posicionamiento moderado. La segunda es una eventual consolidación libertaria provincial, todavía dependiente de la construcción de cuadros locales y de la evolución de la economía nacional. La tercera es una coalición opositora moderada que, aunque posible, sigue sin un liderazgo claro que rompa la polarización entre continuidad y cambio radical.

La economía nacional será el factor decisivo. Si el contexto económico mejora, el oficialismo provincial tendrá margen para consolidar su perfil pragmático y sostener continuidad. Si el deterioro persiste, el voto cordobés podría inclinarse hacia opciones disruptivas con mayor fuerza de lo que hoy sugieren las estructuras territoriales.

En síntesis, Córdoba no enfrenta hoy una crisis política, pero sí una redefinición de su identidad electoral. El desafío del oficialismo será pasar de la estabilidad administrativa al liderazgo político con narrativa propia. El desafío de las fuerzas emergentes será transformar adhesión nacional en construcción territorial real. Y el desafío del electorado será decidir si prioriza la continuidad que le garantiza previsibilidad o el cambio que promete ruptura con el statu quo.

La elección de 2027 no será simplemente una disputa de nombres. Será una prueba sobre qué modelo de representación quiere Córdoba en un país que ya dejó atrás la política tradicional y se mueve cada vez más por percepciones de gestión, identidad cultural y expectativas económicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaForMIGufIqPUEZx21A

Opinión Política

febrero 08, 2026