El 24 de marzo amanece como una escena repetida. No en los libros, sino en la calle. Las baldosas todavía húmedas, las primeras banderas desplegándose, los nombres que vuelven a pronunciarse. No es un recuerdo abstracto: es una coreografía social que se activa cada año. En ese gesto, casi ritual, se condensa una pregunta que la Argentina no termina de resolver.
La escena original, sin embargo, ocurrió en otro tono. La madrugada del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no tuvo épica visible. Fue, en términos operativos, un movimiento preciso: tropas desplegadas, cadenas de mando activadas, centros neurálgicos ocupados. Para cuando la mayoría de la población despertó, María Estela Martínez de Perón ya no ejercía el poder. El Estado había cambiado de manos sin mediación electoral, pero no sin antecedentes.
Porque esa madrugada no irrumpe en el vacío. Venía precedida por una secuencia acumulativa: inflación creciente, parálisis decisional, violencia política escalando en múltiples direcciones. Las organizaciones armadas, como Montoneros y el ERP, intensificaban sus acciones. Al mismo tiempo, desde el propio Estado y sus márgenes, la Triple A ejecutaba una represión clandestina. El orden institucional no solo estaba tensionado: estaba erosionado en su capacidad básica de arbitrar el conflicto.
En ese cuadro, el gobierno de la viuda de Perón intentó sostener una lógica de intervención estatal heredada del último Juan Domingo Perón. Hubo avances en materia de regulación económica, fortalecimiento del sistema de medios bajo órbita estatal y la sanción de normas relevantes como la Ley de Contrato de Trabajo. También se promovieron medidas vinculadas a la nacionalización de sectores estratégicos y al control del sistema financiero. Sin embargo, ese conjunto de decisiones convivió con una creciente desarticulación del poder político y una pérdida acelerada de capacidad de gestión. La contradicción fue evidente: mientras se intentaba afirmar un modelo de Estado, el propio Estado se debilitaba en su funcionamiento efectivo.
En 1975, los decretos de “aniquilamiento” formalizaron un cambio cualitativo. El Operativo Independencia en Tucumán marcó el ingreso pleno de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Allí se ensayó una lógica que luego se expandiría: identificación difusa del enemigo, suspensión de garantías, opacidad en los procedimientos. Cuando en 1976 los militares toman el poder, esa matriz no se crea: se sistematiza.
Lo que sigue es conocido en sus efectos, pero no siempre en su mecánica. La llamada “lucha antisubversiva” se transforma en un dispositivo de control total. Centros clandestinos, desapariciones forzadas, circuitos de inteligencia. No se trató solo de eliminar estructuras armadas, sino de intervenir sobre el tejido social. El método fue ilegal incluso bajo las propias normas que el régimen decía defender.
Hasta aquí, los hechos. Pero la escena del presente introduce otra capa. Cada 24 de marzo no solo recuerda aquel quiebre, también expone una dificultad persistente: la incapacidad de la dirigencia argentina —en distintos ciclos históricos— para estabilizar un horizonte común. La dictadura no resolvió la crisis que decía venir a ordenar; la profundizó de manera trágica. Pero, en democracia, el problema tampoco encontró una salida estructural. Desde el ciclo iniciado por Raúl Alfonsín hasta al gobierno de Alberto Fernández, se registraron avances y retrocesos, pero no una reconfiguración sostenida del Estado que alterara el patrón de deterioro económico, fragmentación social y crisis educativa.
En ese punto, la discusión suele desviarse hacia una falsa simetría. La violencia insurgente de organizaciones como el ERP o Montoneros fue real, tuvo impacto y contribuyó a la escalada del conflicto. Pero no operaba desde la misma estructura de poder. No se trata solo de quién ejerce la violencia, sino desde dónde se ejerce. El Estado —aun en crisis— tiene la obligación de sostener el orden jurídico; cuando lo abandona y actúa en la clandestinidad, no compite con otros actores violentos: rompe las reglas que lo constituyen. Ese quiebre no solo produce víctimas directas, sino un daño más profundo y persistente: la degradación de las instituciones, la opacidad del sistema y la erosión de la confianza social.
La escena inicial —la gente en la calle, los nombres, las consignas— sigue siendo verdadera. Pero ya no alcanza por sí sola para explicar el presente. La memoria, si quiere ser algo más que repetición, necesita incorporar una pregunta incómoda: no solo cómo se rompe un sistema político, sino por qué, décadas después, tampoco logra consolidarse plenamente.
Quizás ahí radique la tensión central de esta fecha. No en lo que ocurrió —eso está documentado, probado, juzgado—, sino en lo que todavía no termina de resolverse. Porque recordar no es solo mirar hacia atrás. Es, también, medir la distancia entre lo que se prometió reconstruir y lo que efectivamente se pudo sostener.
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