Por Gustavo Restivo
En Villa de María de Río Seco, una localidad del norte cordobés, el silencio parece haber dejado de ser una costumbre para convertirse en una pregunta. La desaparición de una adolescente abrió una investigación que ya alcanza a doce hombres y que, más allá de las responsabilidades penales que deberá determinar la Justicia, comenzó a revelar algo mucho más profundo y perturbador: una trama de presuntos abusos, contactos con menores, posibles captaciones y, detrás de todo ello, un mundo adulto que quizás estuvo demasiado cerca del horror como para no haberlo advertido.
La investigación comenzó cuando una adolescente fue buscada por su familia y localizada en Sumampa, Santiago del Estero, junto a otra menor y un hombre adulto. El análisis de su teléfono condujo a los investigadores hasta comunicaciones con varios hombres de Villa de María de Río Seco. Luego apareció una tercera posible víctima. Las edades mencionadas públicamente oscilan entre los 12 y los 14 años.
La fiscal Analía Cepede investiga presuntos delitos de grooming y abuso sexual. La hipótesis judicial contempla contactos realizados a través de redes sociales, posibles ofrecimientos de dinero u otros beneficios, pedidos de imágenes íntimas y encuentros concertados. La investigación continúa y será la prueba, no el rumor, la que deberá establecer qué ocurrió y quiénes fueron responsables.
Primero fueron nueve detenidos. Después once. Finalmente, la detención del último prófugo elevó la cifra a doce. El número resulta estremecedor, pero no puede confundirse con una sentencia. Son imputados y deberán responder ante la Justicia por aquello que pueda probarse.
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Entre los detenidos aparece un asesor del legislador provincial Ernesto Ramón Flores. El funcionario pidió su desvinculación y afirmó desconocer los hechos. Hasta el momento no se informó que la Justicia lo haya imputado. Pero el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión institucional inevitable: ¿qué controles existen sobre quienes ocupan espacios de confianza dentro de las estructuras públicas?
La causa abrió, además, una inquietante línea sanitaria. Las tres adolescentes tendrían implantes anticonceptivos colocados aproximadamente dos años atrás, cuando eran niñas. La fiscalía intenta determinar quién autorizó esos procedimientos, bajo qué protocolos y con qué consentimiento. El dato, por sí mismo, no prueba relación alguna con los presuntos abusos. Pero obliga a formular preguntas que una sociedad responsable no puede eludir cuando se trata de niñas y adolescentes.
También se investiga el posible “cajoneo” de una denuncia y una eventual negligencia policial. Si esas hipótesis fueran confirmadas, el problema adquiriría otra dimensión. Porque el horror ya no estaría solamente en quienes pudieron abusar. Estaría también en aquellos que recibieron señales y no las escucharon, en quienes pudieron advertir una situación y decidieron mirar hacia otro lado, en quienes confundieron la tranquilidad de un pueblo con la inexistencia del peligro.
Hay violencias que comienzan mucho antes de que aparezca un expediente judicial. Empiezan cuando una niña descubre que un adulto puede transformar su vulnerabilidad en una oportunidad para ejercer poder. Continúan cuando otros adultos convierten esa vulnerabilidad en un secreto. Y alcanzan su forma más cruel cuando la comunidad aprende a convivir con aquello que debería escandalizarla.
Porque hoy la pregunta más difícil ya no es solamente qué hicieron los presuntos agresores. También es qué hicieron —o qué dejaron de hacer— los demás.
Familias han quedado destrozadas. Unos abusaron presuntamente de su poder sobre menores; otros pudieron haber sabido; otros quizás debieron intervenir y no lo hicieron. Y queda todavía una pregunta insoportable: ¿qué sabía la comunidad?
No se trata de convertir a los vecinos en jueces ni de construir culpabilidades colectivas. Se trata de comprender un mecanismo social antiguo: el horror puede instalarse lentamente cuando cada individuo supone que otro se ocupará de detenerlo. Así, la responsabilidad se diluye hasta desaparecer.
Una sociedad no se define únicamente por sus leyes, sus instituciones o sus discursos sobre la infancia. Se define por aquello que está dispuesta a no tolerar. Y cuando una comunidad normaliza señales de violencia, la normalización se transforma, silenciosamente, en una forma de complicidad moral.
Quizás por eso esta historia debería interpelar mucho más allá de Villa de María de Río Seco. Porque los chicos de hoy crecerán en el mundo que los adultos construyan ahora. ¿Qué pueden esperar de nosotros si aprenden que frente al abuso se calla, que frente a la sospecha se espera, que frente a una niña vulnerable se mira hacia otro lado?
Salir de este espanto no será solamente encarcelar a quienes resulten culpables. Será reconstruir una cultura donde un niño pueda hablar y ser escuchado; donde una denuncia no duerma en un cajón; donde una institución tenga el deber de actuar antes de que sea demasiado tarde; donde un vecino entienda que advertir no es entrometerse cuando está en juego la integridad de un menor.
La justicia podrá establecer responsabilidades individuales. Pero la historia deberá establecer algo más.
Porque cuando una comunidad descubre que el horror pudo haber ocurrido delante de sus ojos, la pregunta verdaderamente dolorosa no es solamente quién lo hizo.
Es otra:
¿en qué momento dejamos de mirar?
Y quizá allí esté el comienzo de la respuesta sobre qué futuro tendrán nuestros chicos: en volver a mirar, en volver a escuchar y en comprender que proteger a un niño no es una tarea delegable. Es, acaso, la forma más elemental de una sociedad que todavía aspira a llamarse humana.
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